ADECOSE, COJEBRO y ESPABROK han elaborado un modelo de carta para que las corredurías asociadas informen a sus socios sobre las prácticas respecto a la imposición en la contratación de los seguros en los préstamos ICO.
La carta supone un canal de comunicación en dos direcciones Por un lado, informar a autónomos y pymes de que no están obligados a contratar un seguro para acceder a préstamos avalados por el Estado para hacer frente al Covid-19, según el RDL 8/2020 de 26 de marzo. Por otro lado, trasladar a las DGSFP las quejas recibidas por los clientes de sus corredurías asociadas sobre prácticas abusivas.
Los presidentes de las tres asociaciones Martín Navaz, Antonio Muñoz y Silvino Abella, respectivamente, concuerdan en que “están escandalizados con estos abusos de las entidades bancarias hacia los consumidores y más en una situación excepcionalmente delicada y dolorosa como lo que estamos viviendo, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para impedir este tipo de prácticas que van claramente en contra no solo de los intereses de los clientes de nuestros asociados, sino de la sociedad».
El Banco de España revisará el cumplimiento de las buenas prácticas bancarias
El Banco de España considera “de vital importancia” para la economía de nuestro país en estos momentos que los avales del Estado aprobados por el Gobierno para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del Covid-19 sean comercializados por las entidades financieras en estricto cumplimiento tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula como de los criterios de buenas prácticas bancarias”.
A tal efecto, Banco de España requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables.
El Banco de España verificará dichos protocolos y procedimientos y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas a fin de comprobar su adecuación a la normativa de aplicación.