Nuevas reclamaciones y de más cantidad en juicios sanitarios. El año de estado de alarma que cumplimos este viernes debido a la pandemia ha desestructurado la vida como antes la veíamos. Uno de los sectores más influenciados ha sido el sanitario y éste tiene una vertiente judicial de grandes dimensiones y del que las aseguradoras no son ajenas puesto que hacen posible el aseguramiento de los profesionales.
Carta del Seguro ha analizado la situación con el abogado especialista en derecho sanitario Ramiro Urioste, y aunque considera que será complicado que tengan continuidad las demandas al poder ser consideradas como un hecho de fuerza mayor, alerta sobre dos aspectos: la introducción en los juicios de componentes de nuevas tecnologías como las teleconsultas o telemedicinas y sus riesgos, y el hecho de que las cantidades reclamadas por pacientes se han disparado. Las aseguradoras están implicadas por todos los lados.
Desde los primeros meses del estado de alarma el componente judicial siempre ha sobrevalorado la situación española. De hecho, aunque fuera del ámbito sanitario, recientemente se supo de un fallo judicial donde se condenaba a una aseguradora a pagar 6.000 euros a un hostelero por mantener su centro cerrado.
Centrados más en el ámbito sanitario y en posibles reclamaciones a profesionales médicos y también a residencias, el abogado experto considera que “no va a haber una avalancha“, pero sí asegura que “la pandemia va a traer nuevos elementos que antes no aparecían en los juicios como la comunicación a distancia entre médico y paciente”. Apunta que sí es cierto que todo ello iba en aumento en los distintos
procedimientos “pero la explosión ha sido en 2020 y los médicos se han visto obligados a utilizar estos medios. Ha sido un antes y un después”, apunta.
Explica Urioste, abogado de DS Legal, que “es muy pronto” para ver el % de incremento de las demandas judiciales puesto que hasta dentro de un tiempo -año o más después- “no se aprecia el daño generado”.
Motivos
Entre los problemas futuros indica que los daños colaterales tendrán una gran importancia. Concretamente se refiere a retrasos de diagnósticos porque “muchos pacientes no han podido ser atendidos en condiciones y ello afecta a su calidad de vida y supervivencia”, especialmente en casos relacionados con la oncología. La nueva problemática que amenaza con un aumento de casos judiciales tiene que ver “con el estado de alarma y la atención ralentizada por el Covid”, sostiene.
Más concretamente, señaló que “vamos a ver más errores de diagnóstico y errores en el seguimiento de los pacientes“; apunta que también habrá reclamaciones de fallecidos por el Covid contra la Administración “derivados del mal funcionamiento de la Administración, ya sea por derivaciones consideradas no urgentes, lentas o de fallecidos en el hospital por falta de medios, todo ello se alegará por vía pública administrativa patrimonial”. No obstante, considera que no tendrán muchas posibilidades de conseguir algo “porque es un momento de emergencia y es muy difícil demostrar que se ha actuado con mala praxis“.
En el repaso judicial de elementos relacionados con la pandemia y la parte médica indica que al inicio de la pandemia recibió un gran número de consultas de profesionales que se ponían una bolsa de basura como EPI y no sabían cómo actuar.
Junto a estas consultas, indica que la pandemia ha traído “asuntos hasta el momento desconocidos a nivel jurídico. Se ve un movimiento judicial in crescendo y la pandemia ha introducido nuevos elementos que no formaban parte hasta entonces de las reclamaciones judiciales”, advierte.
Otro de los aspectos que hará aumentar las reclamaciones judiciales tiene que ver con el incremento del uso de las nuevas tecnologías. Apunta el abogado que dentro de las reclamaciones de siempre, la introducción en la praxis de teleconsultas o telemedicina y la relación por teléfono entre médico y paciente va a empezar a formar parte de la discusión en los tribunales y se discutirá sobre “si se ha hecho bien o no por el médico“. Esta situación hasta la fecha no se tenía en cuenta puesto que no existía y el paciente se personaba directamente en el hospital pero Urioste cree que “dentro de esos juicios que vamos a tener va a entrar como nuevo actor el tema de la telemedicina”. Añade que tendrán que discutir si la llamada se hizo correctamente, si se tomaron adecuadamente los datos, si el seguimiento fue el adecuado o si se debía de haber llamado al paciente para una consulta presencial. Otro ejemplo de esto será el uso de Whatsapp; los médicos empiezan a usar esta forma de comunicación para mandar información con fotografías o datos clínicos para una segunda valoración médica y “a veces se puede dar a error”. Asegura que “el uso de las nuevas tecnologías de alguna manera van a entrar a formar parte de la prueba del litigio”, dice.
El uso de la tecnología, en cierta medida, no es totalmente nuevo, pero Urioste apunta que la situación actual tiene la particularidad de que hubo normas a nivel Estatal y autonómico con indicaciones para que los médicos “tuvieran que adoptar posiciones que no les correspondían” y tuvieron que decidir “si se trasladaba a este paciente o no. La pandemia ha provocado que muchos médicos fueran a servicios que no les correspondía y realizar funciones que tampoco” y “derivado de esto puede que haya reclamaciones”.
Aun así, apunta que por tema de pandemia “no es que hayamos visto un mayor incremento” de litigios, pero “sí es cierto que la pandemia ha introducido algunos elementos sobre los que antes no discutíamos” y apunta que “irá a más”.
Elevadas cantidades
Otro de los asuntos que reflexiona Ramiro Urioste es el aumento de la cantidad de las reclamaciones. Indica que le llama la atención que hace unos años era muy raro ver una reclamación que pasara de medio millón de euros. Sin embargo, ahora son de 1,3 ó 5 millones “y ha dejado de ser algo excepcional”. Añade que “está empezando a reclamarse por encima del millón de euros” de forma normal.
Señala que el objeto de estas reclamaciones suelen ser principalmente cuestiones relacionadas con la neurocirugía, anestesia, traumatología o ginecología, todas ellas con reclamaciones por encima del millón.
“Vamos a ver más
errores de diagnóstico
y de seguimiento de pacientes”
Asegura que “ha llegado el momento de que el médico tiene que asegurarse bien porque ya no es como antes y como tengas un seguro de un millón y no te proteja sobre 5, te cambia la vida”.
Apunta, en relación con las vacunas, que como abogado recibió consultas de profesionales sanitarios acerca de la prioridad al recibir vacunación puesto que se indicó que se haría antes en los centros públicos que los privados, asunto que ahora parece que se ha retirado, indica. También los sanitarios han preguntado sobre la voluntariedad y obligación de ponerse y administrar vacunas y sus repercusiones legales. Indica Urioste que ahora son voluntarias, “pero hay un arsenal legislativo importante para que en el momento en el que el Estado quiera podrá convertirlas en obligatorias sin ningún problema”. Lo considera así porque hasta la fecha todas las resoluciones judiciales -pocas- se dirigen hacia la obligación en caso de menores e incapaces y si hay un riesgo para la salud pública.
Indica que también hay un pequeño porcentaje de sanitarios ‘antivacunas’ que pregunta porque “no está de acuerdo ni en ponerse la vacuna, ni en ponerla” porque consideran que “puede generar daño al paciente”, aunque cree que el porcentaje irá evolucionando conforme aumente la administración.
Fuente: Aseguranza