La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado mantener abierta la petición, pero dar traslado también a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO), con el fin de recabar más pruebas del caso español y de otros países europeos. Por ello, se remitirá una carta a las autoridades nacionales de los Estados miembros para que informen sobre si ocurre o no esta problemática.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado mantener abierta la petición de las patronales españolas de talleres para recabar más pruebas por si las aseguradoras estuvieran realizando prácticas de abuso de poder, tanto en España como en otros países (por lo que pedirán a los estados miembros que informen sobre si ocurre o no), pero también dará traslado a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO). Así lo ha comunicado la eurodiputada española Dolors Montserrat, del Partido Popular Europeo y presidenta de la Comisión, tras escuchar las alegaciones de Luis Ursúa como portavoz de la alianza de la carrocería y de las respuestas de la Comisión Europea y de los eurodiputados españoles, únicos en intervenir en dicho debate.
POCA INFORMACIÓN PARA “ASUNTO PREFERENTE”
Y es que, más allá del abuso de poder de las aseguradoras respecto de los talleres, a los parlamentarios europeos les ha preocupado más la posible vulneración de los derechos de los consumidores. En primer lugar, ha sido Florina Pop, representante del Departamento de Competencia de la Comisión Europea, quien ha rechazado la petición porque que “con la limitada información que se nos ha facilitado, la Comisión no ha podido extraer conclusiones con respecto a esta violación de la legislación de competencia” como para poner el asunto como preferente. Sobre violaciones similares en otros estados miembros, como denunció Luis Ursúa que también ocurre en Portugal, Italia, Irlanda y Finlandia, la eurodiputada afirmó ser una cuestión “interesante”, pero “no tenemos pruebas sustanciales que sustenten estas afirmaciones”, por lo que insta a acudir a las autoridades nacionales de Competencia para dichas situaciones.
En su turno de réplica, Luis Ursúa dejó claro que esta solución no es factible, porque ya se ha realizado con anterioridad sin éxito, debido a que “vamos contra compañías de seguros concretas y es una práctica global de todas las aseguradoras, de una colisión tácita y de un abuso dominante. Competencia siempre ha ido parcheando y diciendo que busquemos otras compañías, pero ocurre con todas las aseguradoras”, replicó.
DIFICULTAD PARA RECABAR INFORMACIÓN
Además de la representante de la Comisión, el problema entre los talleres y las aseguradoras suscitó también la preocupación de los eurodiputados españoles Pablo Arias, del Partido Popular Europeo, y de Cristina Maestre, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, pero no de la también miembro de la Comisión, Esther Sanz, perteneciente al Grupo de la Izquierda.
Pablo Arias reprochó a Florina Pop la petición de más pruebas, teniendo en cuenta “la dificultad de recabar información” en un sector con 12.000 empresas, la mayoría pymes, con 50.000 empleados, aunque estuvo de acuerdo en mantener abierta la petición y pedir a la Comisión que traten de encontrar pruebas de esa “posición dominante” para que “se llegue al final de esta cuestión”, que “vulnera a los consumidores y a la libre competencia y por ello hay que darle la máxima importancia”.
Por su parte, Cristina Maestre abogó por una “investigación más en profundidad”, recomendó dar traslado a las autoridades nacionales de Competencia, en la misma línea que la Comisión, y pidió dar traslado a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) para que “nos ayude a recabar, no solo la información para ver si es una práctica continua, sino también para abordar esa posible grieta en la vulneración de nuestro mercado único”. “Pido que se mantenga abierta y que los peticionarios nos ayuden a buscar más elementos de juicio de que se están produciendo estas prácticas desleales que puedan afectar a los derechos de los consumidores europeos”, concluyó.
Fuente: Infotaller