La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno quiere “modernizar y potenciar” los sistemas de detección de inundaciones -presa del “abandono” durante los últimos años- para prevenir y minimizar unos daños que ha cifrado en 800 millones de euros anuales.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Ribera señaló la necesidad de “mejorar” los planes y medidas existentes en la actualidad ante el aumento de la frecuencia y la virulencia de las inundaciones que provoca el calentamiento global, poniendo el acento en la necesidad de “fortalecer” la capacidad de prevención de los daños generados por estos desastres naturales, en particular las “inundaciones relámpago” que asolan el sureste del país en estos momentos.
Comentó que la actividad del Gobierno se centra en tres líneas: la ampliación de la capacidad de anticipación, con un mayor conocimiento y mejores modelos de predicción climática; el fortalecimiento de la gestión de los riesgos de inundación; y la implantación de las medidas contempladas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI).
También hizo hincapié en que la revisión del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ha limitado la ocupación y el uso de las zonas con más riesgo de inundación y se ha elaborado una Guía Técnica para facilitar su aplicación y otra Guía, junto con el Consorcio de Compensación de Seguros, destinada específicamente a las edificaciones en zonas de riesgo. Anunció una nueva Guía de gestión de los riesgos, que se presentará en 2020, orientada mayoritariamente al sector agrario.