El seguro español cuenta con un sistema propio para la gestión de las catástrofes causadas por la naturaleza y por el hombre. Este sistema se basa en el abono de un pequeño recargo en la inmensa mayoría de los contratos de seguro existentes en España, con el que se financia la actividad del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), la entidad pública responsable de afrontar los siniestros calificados como catastróficos. Este sistema viene demostrando su viabilidad y eficiencia desde hace medio siglo.
Sin embargo, la siniestralidad del CCS no cuenta toda la historia posible. Existe un reglamento legal que dirime en qué momento un determinado evento puede considerarse catastrófico y, consecuentemente, se debe activar la protección del CCS. Por ejemplo, se establece un umbral de velocidad del viento por encima del cual los daños son pagaderos por la institución pública. Sin embargo, eso no se puede identificar, stricto sensu, con el concepto de indemnización de las catástrofes naturales en España. Hay dos realidades que hacen que una parte de esa siniestralidad la asuman las aseguradoras directamente:
- Daños meteorológicos que no están considerados dentro del catálogo de catástrofes de la legislación y que, por lo tanto, no generan pago por parte del CCS. Un buen ejemplo de esto es la nieve: en la tormenta Filomena, ocurrida a principios de 2021, los gastos derivados fueron asumidos en su totalidad por las entidades, no por el CCS.
- Sucesos meteorológicos por debajo de los umbrales definidos por la legislación, pero que sin embargo generan daños de importancia a los patrimonios asegurados.
Este informe analiza estos pagos realizados por las aseguradoras y conforma, por lo tanto, su participación directa en la lucha contra el cambio climático y en pro de la sostenibilidad ambiental, permitiendo que los actores que sufren los daños de eventos climáticos puedan revertirlos en lo posible y actuar para evitar sus consecuencias.
Dado que estudiar un riesgo no sistemático (es decir, un riesgo que no se produce con regularidad) en un solo año resulta una visión muy parcial, el presente estudio se nutre de información facilitada por las entidades que cubre el periodo 2017-2021. El perímetro de dicha información son las prestaciones pagadas por fenómenos meteorológicos en los seguros patrimoniales denominados multirriesgo, lo que garantiza una amplia cobertura de los fenómenos que se pretende estudiar.
Las entidades que han remitido información son representativas del 88% del mercado multirriesgo español. Este porcentaje se tendrá en cuenta a la hora de realizar estimaciones al 100%.
Fuente: UNESPA