El pasado 16 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 159/2021, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas. Era una reivindicación histórica de este sector, que pedía a gritos una regulación específica porque se sentían inseguros desarrollando una actividad con un alto grado de peligrosidad.
Los distintos actores que, de alguna u otra manera, forman parte de este sector celebran la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de julio, de una serie de medidas que reforzarán la seguridad de los usuarios y de todo el personal que asiste a vehículos averiados o accidentados. Sin embargo, están apareciendo opiniones que no están del todo de acuerdo e incluso creen que, algunas de estas medidas, pueden llegar a ser hasta perjudiciales.
Desde 2017, un total de 18 operarios han perdido la vida en la carretera mientras llevaban a cabo operaciones de ayuda y rescate. Pero la cifra es aún más preocupante si se suman también otros usuarios de la vía pública por una inmovilización del vehículo por accidente o avería. Según los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre 2015 y 2016, fallecieron 50 personas y otras 113 resultaron heridas de gravedad.
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Con estos datos en la mano, el sector de auxilio en carretera no tiene dudas en calificar de triunfo el RD que ya ha visto la luz. Rafael Merino, presidente de Aneac (Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera) envió una carta a sus asociados celebrando este hito tras “años de lucha y esfuerzo”, con amago de movilización incluida allá por noviembre aunque finalmente fue desconvocada. Enfatiza que, por fin, el “objetivo” de “existir jurídicamente” se “ha cumplido” aunque reconoce que, quizás, la norma podría ser mejor. Pero entiende que mejor esto que nada. “Probablemente no sea la regulación perfecta o sea difícil de entender para muchos ver lo que actualmente supone”, afirma Merino en la misiva publicada también en los diferentes canales de comunicación de Aneac.
El remolque afecta a los ocupantes del vehículo
Esta deseada regulación incluye importantes novedades. Quizás la más relevante se encuentra en el artículo 4.4, que dice: “Como norma general, y sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en la normativa sectorial sobre talleres de reparación de vehículos automóviles, no se realizará ninguna operación que tenga por objeto la reparación del vehículo en la propia vía, salvo: que tal actuación requiera menos tiempo que la retirada del vehículo de la vía o que sea imprescindible para efectuar la retirada del vehículo inmovilizado”. Y otra de las más notables aparece en el artículo 4.5: “Queda prohibido realizar operaciones de auxilio de cualquier tipo que supongan realizar actos en el lado inmediatamente contiguo al flujo de tráfico“.
En la interpretación de estos dos preceptos aparece la fricción con la norma. El sector de la asistencia en carretera es el que se ha mostrado más crítico, especialmente dos de las empresas más importantes: el RACE y el RACC. “El RD, pese a tener aspectos positivos, deja fuera asuntos importantes que perjudican tanto a los usuarios de la vía como a las empresas de gestión de asistencia en carretera y a gran número de prestadores de este tipo de servicios, además de no contemplar como aspecto clave a tener en cuenta la seguridad de los ocupantes del vehículo averiado“, apunta Belén Yome, directora de Asistencia del RACE, a Grupo Aseguranza.
Yome argumenta que “en el ámbito de la seguridad vial, que el RD contempla como uno de los motivos principales que justifican el cambio de regulación, debía haberse tenido en cuenta que ésta no solo afecta al operario que presta el servicio de asistencia. Por el contrario, también afecta a los ocupantes del vehículo que sufren la incidencia”. En su opinión, si no se pueden hacer reparaciones en el lugar de la avería y se acaba imponiendo el remolque del vehículo, ¿qué pasará con los ocupantes del coche? “La grúa, a diferencia de otros vehículos de auxilio en vía pública, no permite trasladar a los usuarios“, precisa la directora de Asistencia del RACE, que teme que “se ralentice así su evacuación y se ponga en riesgo la seguridad de personas no acostumbradas a permanecer en carretera durante un largo período de tiempo”.
En contra de los vehículos-taller
Gloria López, responsable de Grandes Cuentas del RACC, se suma a las críticas ya que considera que la regulación va en contra de los conocidos como vehículos-taller. “La nueva normativa limita la utilización de los vehículos-taller y la reparación in situ y, en este sentido, no contribuye a mejorar ni la movilidad ni la seguridad de los ocupantes de los vehículos”, refuta. Y, de inmediato, enumera sus razones: “Hay que tener en cuenta que los vehículos-taller son los más rápidos en llegar al lugar del incidente, lo que reduce el tiempo de inmovilización del vehículo averiado en la vía pública. Además, al permitir la continuación del viaje, reducen también el tiempo de permanencia de los ocupantes del vehículo en la vía pública, especialmente cuando son más de uno, lo que reduce la siniestralidad. Asimismo, los vehículos-taller ocupan menos espacio en la vía pública y no requieren intervención por el lado contiguo al tráfico, por lo que la seguridad del operario de auxilio es mayor. Y finalmente, desde el punto de vista medioambiental, el consumo y emisiones de CO2 son muy inferiores a los de las grúas de arrastre. Por otro lado, creemos que no tiene sentido tampoco limitar una actividad aceptada y habitual en la Unión Europea”.
Belén Yome, directora de Asistencia del RACE, también se queja de que la nueva normativa fomenta la grúa como único medio para retirar un vehículo de la vía. El RD de reciente aprobación establece que las operaciones encaminadas a rescatar un vehículo accidentado o averiado corresponden a los “vehículos de auxilio en vías públicas”. El legislador no entra a definirlos, pero se remite a lo fijado en el Reglamento General de Vehículos que, en el apartado D del Anexo II, describe: “Vehículo destinado primordialmente al rescate y transporte de vehículos accidentados o averiados. Sólo tendrán esta consideración aquellos vehículos cuya capacidad permita que simultáneamente se puedan transportar hasta un máximo de dos vehículos en plataforma, y otro mediante un dispositivo de arrastre, y cuenten con el correspondiente utillaje”.
Ateniéndose a esta definición, Belén Yome entiende que la norma no da opción a otros medios que no sean una grúa, como los ya mencionados vehículos-taller. “Lamentamos que la reforma haga hincapié exclusivamente en la grúa para ‘retirar’ de la vía pública aquellos vehículos que hayan sufrido una incidencia, en lugar de reconocer las múltiples soluciones y diversidad de vehículos que, hoy en día, permiten continuar la marcha y agilizar las operaciones de auxilio en carretera en el lugar del percance”, insiste.
En la actualidad, en el Registro de Vehículos constan más de 3.000 titulares con 11.000 vehículos destinados a las operaciones de auxilio.
Muchas medidas positivas
Salvo estas puntualizaciones, el sector de la asistencia en carretera también alaba el resto de medidas incorporadas y cree que servirán para fomentar la seguridad de los operadores. Entre otras, destaca que los operarios deberán comunicar por medios telemáticos a la autoridad competente en materia de Tráfico el geoposicionamiento del vehículo detenido para su publicación en el Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad. También sobresalen que los vehículos de auxilio tengan preferencia de paso, puedan estacionar en la vía pública para realizar la correspondiente operación y que los operarios encargados de la operación cuenten con los conocimientos necesarios y usen equipos de protección individual debidamente regulados.
Mención aparte merece la sustitución de los tradicionales triángulos rojos colocados delante y detrás del vehículo inmovilizado por un dispositivo luminoso que se colocará en la parte más alta del coche, así como la creación de un triángulo virtual que se activará en el sistema de a bordo en aquellos vehículos conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional.
Fuente: Aseguranza