La segunda jornada del XXIV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro permitió analizar las responsabilidades consecuentes a la pandemia. Se constató así la mínima incidencia para las Administraciones Públicas, al menos de momento, como puso de manifiesto en la primera ponencia del día Ignacio Megía, director de Siniestros y Asesoría Jurídica de Berkley España, que se apoyó en las cifras de su propia empresa, presente en los seguros de la Sanidad Pública: reconoció que de las 2.600 reclamaciones de RC sanitaria sólo 54 lo eran por Covid, mientras que 3 fueron por RC médica y 51 estuvieron referidas a residencias de ancianos. Al final sólo quedan 3 expedientes administrativos. En su exposición, dejó claro que “el derecho a la vida está por encima de las consecuencias económicas” y que “las medidas adoptadas eran las adecuadas en función de las circunstancias”.
Gonzalo Ruiz Gálvez, socio de Blecua Legal, expuso la situación actual de las demandas por pérdida de beneficios a consecuencia del cierre de actividad en algunas industrias con motivo del estado de alarma. Comentó, en primer lugar, las diferentes sentencias de los Juzgados de Girona, especialmente de la Audiencia, y la ausencia de un daño material que justifique la cobertura en el seguro de pérdida de beneficios, a su juicio vinculado al seguro de daños.
Rafael Delgado Alemany, socio del Bufete Albanés & Asociados, disertó sobre las responsabilidades por los daños que puedan derivarse de la vacuna, considerada como medicamento. En su intervención, realizó una detallada exposición sobre los posibles daños, la ausencia inicial de prospectos sobre efectos adversos y el hecho de que, poco a poco, a medida que se avanza en la vacunación, estos son conocidos y se advierte al paciente, lo que libera de responsabilidad al fabricante. Otra cosa distinta es si el ciudadano, partiendo de que no es obligatoria la vacunación, a la hora de la verdad se puede llevar a efecto por las muchas situaciones, en las que se exige el certificado.
Infracciones del derecho de la competencia: lo difícil es encontrar peritos para cuantificar los daños
“En las reclamaciones contra los carteles del papel, el azúcar, la leche o los camiones, lo difícil es encontrar peritos para poder cuantificar los daños conforme al Art. 17.1 de la Directiva 2014/104/UE, que deben reconstruir el escenario que habríamos tenido si no hubiera mediado el acuerdo y la falta de datos. Hay que tener en cuenta que son informes completos y difíciles que deben realizar especialistas, por lo que no se pueden seguir estrictamente las normas de la LEC”.
Este fue el mensaje que lanzó la magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia, Purificación Martorell, en su ponencia sobre ‘La RC por infracción del Derecho de la Competencia’, en la que dejó claro que estamos no en el plano del artículo 1.902 del CC sino en el Derecho de la Competencia. En su intervención, hizo asimismo referencia a los fondos de litigación y a la regulación del Seguro de Defensa Jurídica, mostrándose sorprendida porque en España no existan las llamadas pólizas “after the event”.
La RC de las personas con discapacidad
María Medina Alcoz, profesora de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos, expuso la problemática de ‘La RC de las personas con discapacidad tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. Explicó que “la reforma del Código Civil en esta materia se ha justificado porque favorece la integración de las personas con discapacidad; eso sí, ha de tenerse presente que se habla de personas con discapacidad psíquica, no física”.
Señaló luego que, en materia de responsabilidad, al igual que en otros Códigos, se exige el elemento de culpa, teniendo siempre en cuenta que la persona con discapacidad no puede alegar su falta de discernimiento para exculparse excepto en los menores.
Cerró el Congreso José Luis Heras, counsel en Azsure Abogados, que habló sobre ‘La exigencia de responsabilidades por el cambio climático y su repercusión en el Seguro’. Expuso las dificultades que se plantean para hacer frente a los daños y determinar las responsabilidades puesto que el daño deriva emisiones autorizadas; aun así, apuntó, “en estos momentos existen 1.550 reclamaciones a nivel global, de las cuales 13 son en España”.
Fuente: INESE