El Ministerio ve viable integrar a los usuarios en el sistema público, según un informe propio
El Ministerio de Sanidad plantea incorporar en nueve meses a la sanidad pública al millón de funcionarios que, a 31 de octubre de 2024, reciben asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas. por considerar que el «modelo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) no es sostenible en la actualidad».
En el informe ‘Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’, elaborado por Sanidad, el Ministerio argumenta que “ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso».
En términos globales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. Habría algunas Comunidades Autónomas más afectadas que otras: Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizan por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo harían con más personas de más de 65 años. Ocurre lo mismo con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una incorporación del 5,3% y 5,1%, respectivamente.
El informe, tal y como informa la agencia Efe, subraya «la negativa de las aseguradoras sanitarias privadas a concurrir al concierto planteado por el Gobierno» y recuerda que estas empresas demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación. Por ello, Sanidad plantea una prórroga de nueve meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se haría un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud.
Tras conocerse este documento, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) manifestó ayer su preocupación “por la ideologización” del informe y por “la grave situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS), con los riesgos que conlleva para los pacientes en el caso de producirse una transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público”.
”La sanidad pública, en su estado actual, no puede aceptar más pacientes sin comprometer su sostenibilidad y la calidad de la atención. Esta situación requiere de una reflexión urgente y de medidas estructurales que refuercen los recursos humanos y materiales de la sanidad pública, en lugar de sobrecargar un sistema ya frágil. La incorporación de más de 1 millón de funcionarios y beneficiarios al SNS supondría un crecimiento exponencial de las listas de espera quirúrgicas y de consulta”, advierte el sector.
Por ello, Fundación IDIS se declara en contra del planteamiento de este informe y hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para abordar este problema “de manera integral y con visión de futuro”, evitando decisiones que puedan comprometer aún más la sostenibilidad del sistema y poner en riesgo a los pacientes.
Fuente: INESE