La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, insistió en el posicionamiento del sector acerca de la creación de esta figura que volverá a la actualidad esta semana con la apertura de su trámite parlamentario y la fase de enmiendas. La presidenta saca pecho sobre los números del seguro y reclama que si algo hay que mejorar está en la otra orilla. Además, el VI Barómetro Aseguranza corrobora que el sector no ve bien esta nueva figura.
Apuntó Unespa que no es el único sector que se muestra contrario a esta normativa y que es algo común para todo el sector financiero. Durante la presentación de resultados del sector asegurador González de Frutos manifestó que la razón fundamental de esta oposición es “porque sinceramente creemos que no es necesaria una iniciativa de esta naturaleza para mejorar el servicio y la defensa de los intereses de los clientes financieros”.
Razones del no
Esgrimió que el seguro realiza al año 180 millones de actuaciones -prestaciones, siniestros, asistencia…- y de todas ellas únicamente 11.000 reclamaciones llegan a la DGSFP. Además, de este último número la resolución del supervisor da la razón en el 50% de los casos al cliente y otros 50% a las compañías.
Números que para la presidenta expresan que “no pareciera que la actividad aseguradora sea especialmente conflictiva en los servicios de defensa de los clientes”. Más bien, pidió mirar en la otra orilla y señaló que “si hay algún aspecto que pudiera mejorar es que las resoluciones de la DGSFP se dictasen en un tiempo mucho más razonable y no en el plazo tan dilatado como hasta ahora”. A renglón seguido despejó el disparadero al organismo que dirige Sergio Álvarez y mencionó que para ello hay que dotar al supervisor de seguros de medios.
En cualquier caso, expresó que “no hace falta hacer un viaje de tanto impacto como el que significa este proyecto de ley“.
La presidenta de Unespa enumeró algunas razones que también llevan a rechazar esta propuesta porque contempla aspectos que “son difíciles de gestionar“. En primer lugar, citó el hecho de tener que pagar una tasa de 250 euros por la admisión de una reclamación cuando esa cantidad puede significar el 85% de las reclamaciones. Este hecho puede llevar a que se dé la razón al reclamante, aunque únicamente sea “para evitar pagar una tasa superior a la cantidad reclamada”.
Mencionó también el hecho de considerar que las resoluciones sean vinculantes para cualquier reclamación inferior a los 20.000 euros. Indico González de Frutos que el 95% de las reclamaciones están por debajo de ese umbral y considera que este hecho “será un llamamiento para que el número de reclamantes crezca”.
Se mostró contraria al proyecto de ley también por el hecho de que contempla que las resoluciones serán recurribles vía contencioso administrativo. Algo que en su opinión carece de sentido “cuando tenemos de base que se trata de un contrato privado de carácter civil y cuya jurisdicción competente siempre ha sido la.jpg)
jurisdicción civil”.
Apuntó de manera adicional que entre las causas de inadmisión no se contempla que el siniestro esté pendiente de una actuación pericial o incluso a la espera de una resolución judicial, algo frecuente en el seguro y de manera especial en los siniestros de Responsabilidad Civil.
Barómetro Aseguranza
El VI Barómetro Aseguranza preguntó directamente en su último análisis sobre la opinión del seguro sobre esta figura. La respuesta, con la participación del 64% de las primas totales, muestra que algo más de 8 grupos aseguradores de cada 10 no ven bien el actual proyecto de la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que plantea el Ejecutivo español. El análisis refleja que para la gran mayoría de los encuestados (46,6%) el actual modelo para canalizar las quejas y reclamaciones dentro de la DGSFP es suficiente. Además, otro 10% considera que no es necesario.
El resto responde que sí está de acuerdo con la creación de esta figura, aunque a diferentes velocidades. Únicamente el 16% ve bien cómo se plantea y otro 26,6% reconoce que sí le parece bien esta creación, aunque reclama modificar los mecanismos.
Fuente: Aseguranza